Mujer: una mirada crítica al Estado de Peligrosidad en Cuba

Por Deyni Tery

Cuba ha tenido una larga historia en materia penal, desde el 1 de enero de 1889, en que entró en vigor la Ley de Enjuiciamiento Criminal, posterior a herramientas legales como el Código Penal de 1870, la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 y el Código de Comercio de 1885 entre otras legislaciones necesarias para el proceso que seguía el país, en la construcción y desconstrucción del proceso penal.

A pesar de que, a partir del citado año, 1889, los apremios se solucionan a través de un proceso, cuyo centro está en el juicio oral y público, es en los inicios de 1959 que aparece el tratamiento a los llamados Estados Peligrosos, dada la existencia de leyes concentradas en la vagancia habitual y otros actos de ocio, que a criterio de la autoridad competente fueran proclive a la comisión de delitos.

Dado lo que antecede, el Código Penal cubano (Ley 62), en su título XI, Capítulo I, regula en su precepto 72 que: “Se considera en Estado Peligroso a la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista”.

El conflicto comienza cuando el legislador describe en su artículo 73 que este Estado Peligroso aparece cuando concurre alguno de los índices siguientes: embriaguez habitual y dipsomanía, narcomanía y conducta antisocial.

Si bien los dos puntos iniciales quedan claros, con solo leerlos, vamos a detenernos en el tercer epígrafe (conducta antisocial), ya que deja una abertura por la que es posible introducir cualquier postura, que, al decir del otro, sea contraria a lo que según “él o ella” sea correcta, y se trata de la calificación que reciben mayormente mujeres.

Con el Estado Peligroso, un grupo importante de mujeres se encuentran en un limbo jurídico, toda vez que, en Cuba, no se reconoce como delito la prostitución, sin embargo, se juzga como una conducta deshonrosa o antisocial y como resultado de ello, se realiza una comparecencia ante un tribunal de lo penal.

Sin embargo, varias quejas llegan en la actualidad por medio de abogados defensores, quienes aseveran haber trabajado casos de expedientes, donde obran Advertencias Oficiales de autoridades policiales, por conducta antisocial, en los que se ha detectado firmas falsificadas y actas improvisadas; ya que se requiere de un número de advertencias reales, como requisito obligatorio (art.75) que antecede a la medida; resultando, que en los casos denunciados, se ha tornado difícil demostrar o desmontar el teatro de poder, que en muchas ocasiones coloca a las mujeres, más que en período de peligro, en estado de indefensa legal. 

Lo cierto es que esta medida de seguridad predelictiva, una vez decretada, permite que la persona en “estado peligroso”, sea sometida a un régimen; enumerado, según el legislador cubano, en: medida terapéutica, reeducativa y de vigilancia por los órganos de la Policía. 

Este calificativo último, siendo el más trillado, lleva a que las personas en estado “peligroso”, sean recluidas en un Centro de Estudio y trabajo, (nombre que adquieren en Cuba las prisiones comunes), donde permanecen con otros internos, que se encuentren en igual lugar por un delito consumado, salvo algunas excepciones que van para una granja, custodiada/os, con régimen carcelario.

Aun cuando entre las medidas reeducativas, está la entrega a un colectivo de trabajo (art. 80 Código Penal) lo que sería una alternativa profiláctica; la mayoría de las mujeres cubanas, acusadas de prostitución, no solo resultan internadas, sino como parte del método, sus nombres constan en un centro de “clasificación”; resultando más aniquiladas socialmente, que salvadas desde la prevención, por lo que las medidas de seguridad pre-delictivas, implican sanción de privación de libertad parecidas a las de menor rigor, como el trabajo correccional, con o sin internamiento, o en caso de beneficios, la limitación de libertad; con la diferencia, que esta puede ser modificada en cualquier momento, a solicitud del órgano ejecutor o de oficio, pero la realidad es que la modificación de la medida, raramente llega; y cuando ocurre es un proceso casi tan largo como la sanción ordinaria o común.

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