La reinserción social de la mujer sancionada a privación de libertad

Por Deyni Terry

La década de los 90 fueron agitadas para Cuba, en su esfera económica, política, social, legal y, por ende, en la vida de sus ciudadanos. 

En el ámbito legal, nos centraremos en las mujeres que vulneran dicha norma. Para comprender por qué una persona actúa de determinada forma, se debe considerar que el comportamiento humano tiene un condicionamiento social.

A pesar del papel que juega la familia y la escuela, como primeros agentes de socialización, cualquier mujer puede llegar a delinquir, y siempre que se realice una transgresión, se impone un castigo.

La familia es el primer grupo humano con el que se relaciona el hombre y mujer al nacer. Se le atribuye la más importante función socializadora. Patricia Arés[1], psicóloga cubana, al considerar las funciones imputadas a la familia, señala que la comunicación es sin duda uno de los contenidos más importantes del proceso de socialización. Una adecuada comunicación tiene lugar cuando existe un diálogo interpersonal. Y sobre la base de la comprensión del “otro” analizamos el proceso de socialización.

La cárcel como centro de aislamiento obligatorio, para extinguir una condena concreta (la privativa de libertad), deriva en una institución moderna, en comparación con los primeros lugares que se hallaban destinados al cumplimiento de una determinada pena, pero como todo espacio donde se ejerza la opresión, produce en la sancionada un daño psicológico, que afecta directamente los canales de comunicación.

En la comunidad como conglomerado humano, cercano al individuo, encontramos una psicología, que se conforma por la concurrencia de los condicionantes sociales, económicos, políticos, ideológicos, raciales y culturales. 

Un conglomerado social, que desarrolla modelos de comportamiento impuestos por el egoísmo, el individualismo, la agresividad, la ilegalidad o la ignorancia de las exigencias sociales, es una comunidad que genera una influencia nociva sobre sus miembros, lo que iproduce una acción negativa sobre la persona.

La estigmatización y el rechazo hacia una mujer, por la aparición de una indisciplina social que la llevó a transgredir, puede verse acompañada de prejuicios. Estas se agravan si van acompañadas de cuestionamientos raciales, creándose barreras de comunicación tales como: no saludar a la persona, no convocarla a eventos comunitarios, tratarla de forma violenta o irrespetuosa, limitar su acceso a empleos, entre otros. A estas barreras deben enfrentarse las mujeres egresadas de prisión en Cuba.

Nuestra observación dirige una mirada crítica, si a estos códigos de la comunidad se suma el sistema como entidad gubernamental, dando la espalda a la reinserción social de la mujer sancionada.

Un ejemplo de este tipo de control está en lo que se juzga como reputación que define a una persona como buena o mala, competente o inhábil. La reacción social de repudio y aislamiento puede convertirse, en el caso del barrio o entorno comunitario, en una de las puertas que le cierra a la mujer la posibilidad de una integración a las actividades sociales cotidianas, de la manera más agresiva.  Por su parte, la exreclusa por su condición de reeducada espera que el sistema la apoye a su reinserción en la sociedad, situación que no ocurre en Cuba. 

De la actitud de los miembros de la sociedad depende que la mujer se integre al estudio, trabajo, a las relaciones familiares, y tenga un desarrollo psicológico normal o adquiera una experiencia traumática que puede traducirse con el tiempo en hostilidad y aislamiento respecto de sus semejantes.

Muchos han sido los instrumentos creados por el Estado cubano, desde la política de tratamiento post-cumplimiento de la pena, pero la realidad es que hasta en centros de trabajo del propio Gobierno, se deja sin la posibilidad de acceso a una plaza laboral, a quien cumplió una sanción. Por ello, otra acción a promover en esta dirección se basa en trabajar con los centros laborales, a fin de buscar por el propio sistema social la eliminación de posturas tendentes a la aceptación de la reinserción laboral, que es al mismo tiempo un derecho social.


[1]Profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de la Habana. Imparte la materia de Psicología de la Familia y Terapia Familiar en pregrado y post grado. 

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